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La reciente decisión del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la movilidad de Granada. Analizamos cómo conciliar el rigor ambiental con la justicia social para evitar que la sostenibilidad se convierta en una barrera para la comunidad.
1. Introducción: El Nuevo escenario jurídico
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, activa desde octubre de 2025, se enfrenta ahora a un espejo jurídico determinante. El Tribunal Supremo (Acuerdo de 15/04/2026) ha confirmado indirectamente que la sostenibilidad no puede imponerse a ciegas: ha inadmitido el recurso de Madrid contra la sentencia que anuló sus restricciones por falta de informes económicos rigurosos.
Esto no es un detalle técnico; es un recordatorio de que el derecho a respirar aire limpio debe ser compatible con el derecho a la movilidad de las rentas medias y bajas.
2. Marco legal
La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades parte de una combinación de marcos legales, compromisos internacionales y mandatos de la Unión Europea (UE). En línea con lo anterior el Pleno de Congreso de Diputados aprobó la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, con amplio consenso.
La ley establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes (si se superan ciertos límites de contaminación), deben establecer Zonas de Bajas Emisiones.
Posteriormente, el Real Decreto 1052/2022 regula y concreta los requisitos mínimos y comunes para la correcta implantación, delimitación y condiciones de acceso de las ZBE en los municipios.
3. El dilema beneficio medioambiental - coste socioeconómico
El dilema beneficio ambiental - coste socioeconómico es la tensión entre lograr la sostenibilidad ecológica y asumir las implicaciones financieras, laborales o de calidad de vida que conllevan las medidas necesarias para alcanzarla. Pues bien, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada ha suscitado el dilema en Ayuntamientos y colectivos afectados:
- Consideran que la ZBE actúa como un "muro inaccesible" que penaliza la movilidad y el desarrollo socioeconómico. La medida afecta especialmente a familias con rentas bajas o medias.
- Critican la falta de diálogo y consenso, consideran que no se aborda el problema de la contaminación de forma integral, proponiendo una estrategia metropolitana.
- Reclaman que la mejora medioambiental venga acompañada de una inversión sustancial y mejor coordinación en transporte público para que minimice el costo social y económico sobre la población que depende de la capital.
A nivel europeo y nacional hay experiencias que han conseguido mitigar el dilema costo-beneficio mediante la integración metropolitana, la inversión masiva en transporte y la gradualidad; los pactos estratégicos suelen cimentarse en el equilibrio, alejándose de mejoras marginales en la calidad del aire a costa de impactos desproporcionados en la vida diaria, el comercio y economía del área metropolitana.
4. El dilema rigor frente a precipitación
La Justicia ha hablado claro: no basta con tener una buena intención ambiental. La Sentencia del TSJ de Madrid (17/09/2024), ahora firme tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, subraya que las Ordenanzas deben realizar una "ponderación adecuada".
En Granada, este dilema es especialmente sensible:
- La realidad geográfica: La orografía de Granada y su zona metropolitana amplifica considerablemente los efectos de la contaminación con perjuicio para la salud. La acción es necesaria.
- La realidad social: Imponer restricciones sin ofrecer una alternativa real de transporte público metropolitano (como refleja el dato de que el 77,3% de los vecinos de Pedro Verde darían el salto al transporte público si fuera eficiente) convierte la ZBE en un "muro" recaudatorio en lugar de una solución climática.
5. Características de Granada
La provincia de Granada presenta un panorama de rentas bajas en el contexto nacional, marcado por una profunda desigualdad territorial, donde la renta alta de su capital (bastante desigual pero en conjunto la mejor de Andalucía) contrasta fuertemente con la pobreza de muchos de sus municipios rurales.
La contaminación del entorno de la capital es bastante alta. Para la Unión Europea Granada está entre las ciudades europeas con peor calidad de aire. Es la segunda ciudad española y la primera andaluza con el aire más sucio, lo que repercute negativamente en la salud.
Un Estudio de la UGR de 2016 determina que las características geográficas y climáticas de Granada amplifican significativamente los efectos de la contaminación generada por el tráfico, la calefacción y quema de biomasa, lo que favorece la acumulación de partículas que llegan a producir problemas medioambientales y de salud.
Entre las mejoras que propone el estudio, destacamos:
- La apuesta decidida por formas de transporte alternativo, así como el transporte público y su optimización y reordenación.
- Regular la quema de residuos agrícolas al aire libre (en todos los ayuntamientos de la zona metropolitana), prohibiéndose en condiciones atmosféricas de estabilidad, que puedan favorecer el estancamiento de estas emisiones en las capas bajas de la atmósfera.
Transcurridos 6 meses desde la implantación de ZBE en Granada no nos llegan noticias de la reducción de emisiones perjudiciales. La ausencia de datos públicos sobre la reducción de emisiones constrasta con la visibilidad de las cifras de recaudación.
6. Propuestas para una movilización inteligente
Para que la ZBE de Granada no nazca con los mismos vicios de nulidad que la de Madrid, proponemos una hoja de ruta basada en la lealtad institucional y la equidad:
- Gobernanza metropolitana: La contaminación no entiende de fronteras municipales. Es imperativo crear una Mesa de Movilidad donde los municipios del cinturón tengan voz vinculante.
- Infraestructura antes que restricción: Los aparcamientos disuasorios gratuitos y la intermodalidad deben ser la premisa, no la promesa.
- Restricción inteligente y climática: Aplicar las limitaciones de forma flexible, intensificándolas en episodios de estabilidad atmosférica (cuando nuestra geografía amplifica el riesgo) y relajándolas cuando el impacto es menor, protegiendo así la economía local.
Este análisis no busca señalar carencias, sino sumar voluntades. El rigor que exige el Tribunal Supremo es, en realidad, una oportunidad para que el Ayuntamiento de Granada y los municipios del área metropolitana diseñen un modelo de éxito: uno donde la calidad del aire sea un logro compartido y no una carga impuesta.
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Referencias:
- Tribunal Supremo inadmite recurso Ayuntamiento de Madrid, 15/04/2026
- Sentencia del TSJ de Madrid, de 17.09.2024
- Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética
- Real Decreto 1052/2022, regula las Zonas de Bajas Emisiones
- Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada
- Ayuntamientos y colectivos afectados piden parar multas
- En Pedro Verde el 77,3% de los vecinos utilizaría el transporte público
- Granada entre las ciudades europeas con peor calidad de aire
- Estudio de la UGR de 2016 situación de Granada amplifica los efectos de la contaminación
- Regular quema de biomasa